Por Alejandro A. Tagliavini*

 

Según Scotland Yard, la reciente detención de Assange se debe a un pedido de extradición del Gobierno de EE.UU. que lo acusa de un grave delito -con una pena de cinco años de prisión- contra la seguridad: la publicación, en el portal Wikileaks, de miles de documentos clasificados del Departamento de Defensa, con la ayuda de Chelsea Manning que trabajaba en el Pentágono.

Perseguido por la justicia sueca por la presunta violación de dos colaboradoras de Wikileaks en Estocolmo, en 2010, los tribunales británicos le concedieron a Assange la libertad provisional, pero la burló y la ley británica le impone al menos a un año de prisión por ello, de modo que deberá cumplir antes esa pena.

Todo indica que Assange pasará los próximos meses en una celda británica. Luego, seguirá entre rejas hasta que concluya el proceso de hasta dos años para decidir la extradición a EE.UU. Además, las autoridades suecas podrían reabrir el caso que había quedado provisionalmente archivado.

Ahora, el problema básico en todo esto es que los Estados modernos se configuran como el monopolio de la violencia sobre un territorio, garantizado por sus fuerzas militares y policiales. Y, precisamente, el arma más eficiente contra la violencia, el arma más eficiente para la paz es la información. De qué sirve un ejército si un mosquito tiene datos suficientes para adelantar sus movimientos y escapar o, incluso, neutralizarlo.

Así, Assange o cualquiera que revele información que garantice la paz, al neutralizar a los ejércitos, es peligroso para los Estados que deben privarlo de su libertad, no para que se “reeduque” y vuelva a la sociedad -mal puede reencaminarse una persona si se le quita algo esencial a su naturaleza como su libertad- sino simplemente para que no siga trabajando por la paz.

Pero estos monopolios de la violencia -los Estados- además de defenderse de “enemigos” externos, tienen que imponerse internamente empezando por cobrar impuestos para sobrevivir. Y para ello tienen su policía, y sus cárceles, para forzar a las personas a cumplir sus “leyes”, aquellas dictadas arbitrariamente por los políticos.

Días atrás, en el quinto domingo de Cuaresma, el Papa Francisco se refería al “episodio de la mujer adúltera (v. Jn 8: 1-11). Contrastan dos actitudes: la de los escribas y fariseos… y la de Jesús… Los primeros quieren condenarla, porque se sienten los guardianes de la Ley… En cambio, Jesús quiere salvarla, porque personifica la misericordia de Dios que, perdonando, redime y reconciliando renueva”.

“«Quien esté libre de pecado, arroje la primera piedra contra ella “(v. 7). De esta manera, Jesús apela a la conciencia de esos hombres: se sentían “defensores de la justicia”, pero los llama a la conciencia de su condición… no pueden reclamar el derecho de vida o muerte de otro semejante… todos se fueron, abandonando la lapidación de la mujer… Dios “no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva” (v. Ez 33.11)”, continuó Francisco. Y la mujer se fue.

En primer lugar, los Estados deberían dejar de criminalizar. Por caso, un alto porcentaje de los convictos en las cárceles mundiales se deben al tráfico de drogas. Si estas drogas -aun siendo muy dañinas- fueran más libres, como en Portugal, habría muchos menos encarcelados. Luego, si queremos que el delincuente viva, y no vengarnos, hay que considerar que privarlo de su natural libertad no es un comienzo auspicioso.

 

 

*Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California

 

@alextagliavini

 

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