Por Alejandro A. Tagliavini*

 

El panorama global sigue sin ayudar. Dos pequeñas, sintomáticas noticias esta semana. Trump facilita el despido de empleados públicos y reduce el tiempo que pueden dedicar al sindicato, así bajaría el gasto. Arabia Saudí y Rusia estudian aumentar la producción petrolera, para bajar el precio del barril lo que mejora las perspectivas de los países desarrollados distrayendo de los emergentes (categoría que dudo el MSCI apruebe para Argentina).

Como aquí, las multitudinarias protestas contra los “ajustes” promovidos por el FMI en muchos países, son un clásico. La furia es genuina, ya que suele proponer despidos, recortes de sueldos y suba de impuestos, y aprovechada por la izquierda. Ahora, este organismo (multi) estatal es incoherente al decir que los gobiernos deben recortar gastos mientras facilita dinero que evita que lo hagan realmente. Además, se insinúa “pro mercado” cuando un mercado natural no admite bancos estatales, pero no propone “auto privatizarse”.

Macri recibió un país destrozado, y ese debió ser el piso para crecer de haberse aplicado políticas sanas. Si en 2016 la economía cayó se debió, sobre todo, al aumento del peso del Estado, es decir, de la carga impositiva, la inflación y las tasas de interés. Luego en 2017 inflaron un “crecimiento” con créditos lo que facilitó una crisis cambiaria que obligaba a virar hacia una economía de mercado de no ser por el keynesiano FMI, que exige un “ajuste doloroso”.

Ajuste contraproducente que provocará el rechazo de la sociedad. La realidad es que el famoso “gradualismo” era, en realidad, hacia un mayor peso del Estado y el FMI pide acelerar el proceso. Parten de la falacia de que el mal es el déficit fiscal y proponen recortar el gasto -sueldos, empleados y las pensiones- y aumentar impuestos. Medidas que, en estas circunstancias, subirán el peso del Estado, aumentaran el desempleo y bajaran el salario real.

Pero el problema no es el déficit fiscal, sino cómo se financia. Si se lo hace con emisión monetaria o endeudamiento o más impuestos, la economía cae. Así, lo que hay que eliminar es el modo de negativo financiamiento. Podrían eliminar gastos superfluos -cargos y sueldos políticos, obra pública, etc.-, desregular la economía de modo que se expanda aumentando la recaudación sin subir la presión fiscal, y el rojo residual puede solventarse con privatizaciones.

Compensado el déficit sanamente, bajará la inflación y el endeudamiento estatal, y el PIB crecerá. Ahora, debe desregularse más -liberando la creatividad del mercado- en particular la actividad sindical quitándole la capacidad de coacción. Así, podrán eliminarse leyes laborales que impiden el pleno empleo lo que, sumado al crecimiento genuino de la economía, aumentará la demanda privada de trabajo absorbiendo -sin despidos- a los empelados públicos. Lo que llevará a una fuerte reducción de la carga fiscal, repotenciando el crecimiento y entonces podrá desregularse -y privatizar- el sistema de pensiones.

Pero el gobierno sigue al FMI. El aumento en los impuestos ya se estudia. Lo que provocará una caída mayor de la economía logrando que no alcance recorte del gasto como porcentaje del PIB porque este caerá por delante. Además, los servicios de la deuda en 2015 equivalían al 38,9% de los recursos tributarios y en 2017 al 65,8%, y dado que el 70% de la deuda está en moneda extranjera, la suba del tipo de cambio implica una suba de 0,2% del PIB de intereses, pasando de 2,3% a 2,5%.

La economía en 2018 va a caer. Analistas -sin argumentos serios- pronosticaron crecimiento del 3,4% y ahora recalculan el 1,4% siendo que 1% es arrastre estadístico de 2017. Los pilares del “crecimiento” en 2017, el campo (cayó 5,5%, en marzo respecto de febrero) y la construcción (creció solo 5,9%), bajan. En marzo, el EMAE se redujo 0,1% respecto de febrero que ya cayó 0,2% respecto de enero. Y empeora.

Cae la industria manufacturera. El IPI de abril, de FIEL, bajó 1,4% contra marzo. Según la COPAL al fin del 2018 habrá caído el consumo 1,2% en promedio en los últimos tres años. En 2016 el uso de la capacidad instalada en las fábricas era de 69%, en 2017 cayó al 61%, “y este año rondará el 56%”. Según la UIA, a fines de 2018 habrán desaparecido 80.000 puestos de trabajo desde el 2015.

 

 

*Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California

@alextagliavini

 

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