Por Alejandro A. Tagliavini*

 

Corría el 2003 y Néstor Kirchner iniciaba su presidencia con un superávit fiscal del 6% del PIB, como recuerda Adrián Ravier, pero decidió enfrentar la crisis de 2002 al estilo keynesiano, aumentando el gasto provocando un “crecimiento” inflado del PIB. Cuando termina su mandato en 2007, el superávit había desaparecido, y Cristina continuó con la suba de las erogaciones y, como consecuencia, apareció el déficit fiscal no encontrando mejor solución, para obtener recursos, que estatizar las pensiones. Así, la Anses “recaudó” unos US$ 40.000 M sustraídos de los aportantes a las AFJP.

Con estos recursos, más lo obtenido por vía inflacionaria -la exagerada emisión monetaria- el país siguió “creciendo” hasta el 9,1% en 2010 y 8,6% en 2011, aunque sin llegar al 10,5% de 1991 cuando se implementa la “convertibilidad”. Hasta 2015 el gasto público se exacerbó y el déficit fiscal consolidado llegó al 8% del PIB. La economía subió 0,9% en 2012; 3,1% en 2013; 0,5% en 2014 y 2,6% en 2015.

La “herencia recibida” le permitió a Macri justificar una caída de -2,3% del PIB en 2016 y en 2017 un pobre “crecimiento” -inflado con alta inflación y endeudamiento récord- del 2,8%. Pero ahora, el relato de la “herencia recibida” terminó ya que, según #OpinaArgentina, el 63% tiene una opinión negativa de la política económica actual y el 47% culpa a Macri en tanto que solo el 44% la atribuye a Cristina.

Ahora este débil “crecimiento” del 2017 fue apuntalado, según el gobierno, por las inversiones que volverían a hacerlo en 2018, cuando el país crecería 3,5%, aunque Ecolatina estima solo 2% después de bajarlo desde el 2,5% debido al impacto de la sequía en el campo y, en mi opinión, será menos y crecimiento inflado, no genuino. Aunque el gobierno reconoce que las inversiones no llegan al equivalente del 16% del PIB, lejos del 20% que los especialistas consideran “aceptable”.

La inversión -el 59,39% es de origen argentino- en 2017 habría crecido 12% respecto del 2016, en tanto que las inversiones extranjeras habrían cerrado 2017 con más de US$ 10.000 M, menos del 2% del PIB cuando los países de la región -tampoco muy adelantados- están cerca del 3%. El oficialismo dice que “la inversión lleva tiempo”, lo que no es verdad y menos en tiempos de internet cuando el mundo está interconectado en tiempo real.

Según el EMI que elabora el Indec, la actividad industrial retrocedió 4,8% en 2016, y en 2017 rebotó 1,8%. La UIA estima que la actividad crecerá este año entre 2% y 3% pero los datos de diciembre de la entidad muestran una caída interanual del 1,5% y una baja mensual del 0,8%. Con ese resultado, la industria cerró 2017 con un crecimiento del 1%, tres puntos por debajo de 2015.

Y, según el Indec, siete de cada 10 compañías no prevén incrementar su dotación de personal en el primer cuatrimestre del año, y sólo 23% proyecta incrementar su stock. Y es que para invertir tiene que bajar el “costo argentino” empezando por la carga fiscal. Según Agustín Etchebarne, “la presión impositiva subió 37% vs. 24% de inflación en el último dato. La AFIP aprieta a los contribuyentes”. Este costo criollo se compone, además, de altos costos logísticos, rigideces laborales y altísimo costo financiero debido a las tasas de interés que establece el BCRA (27,25%) al punto que una pyme tiene que financiarse arriba del 30%. Por cierto, bajar este costo es el modo de competir y no cerrando las aduanas como pretenden muchos empresarios.

Ahora, según el Indec, en enero pasado el uso de la capacidad instalada fue del 61,6%, solo un punto porcentual encima de igual mes de 2017, cuando se estima en 80% lo necesario para que exista plena expansión. Y capacidad ociosa significa una inversión ineficaz y, obviamente, desestima la llegada nuevos capitales.

Y la cosa va para peor. En lugar de reconocer que su política de agrandar el peso del Estado a costa del sector privado está fracasando, el gobierno aumenta la apuesta y proyecta que la “obra pública pura” y el programa PPP representará entre 3,5 y 4,5% del PIB, y apunta a completar el resto con inversión “privada” -apalancada desde el Estado- para llegar al anhelado 20%. Quiere entrar ganador en un año pre electoral con un aumento del 30% de los recursos para obras públicas. En 2017, invirtió $ 208.000 M y este año destinará $235.000 M más otros $35.000 M por el PPP.

 

 

*Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California

 

@alextagliavini