Por Alejandro A. Tagliavini*

 

La imagen que dio el lunes Argentina fue dura. El diario El País de Madrid -el más leído en habla hispana- en lugar destacado afirmó que: “los choques de la policía con miles de manifestantes… fueron aún más graves… con cacerolazos por toda la ciudad y un ambiente de protesta masiva y fuerte violencia que no se vivía desde 2001, cuando la crisis del corralito acabó con 38 muertos y el presidente… abandonó la Casa Rosada en helicóptero. Con esa imagen… Macri dio un gesto de autoridad y mostró… (que) controla el país”.

Pero veamos rápidamente el tema previsional. Antes que nada, vale destacar que el estatismo, necesariamente, supone confrontación. En la actividad privada, en el mercado, dos actores se ponen de acuerdo, o no, voluntariamente, por ejemplo, en la venta de un auto según el precio convenga o no. Pero cuando el Estado impone coactivamente leyes, los afectados necesariamente confrontarán desde que no pueden abstraerse y, por tanto, buscarán beneficiarse lo más posible. Y esto ocurre ahora que el Estado coacciona un sistema previsional.

En cuanto a la actual reforma, en primer lugar, cambia la fórmula de movilidad que abarca a unos 17 millones de personas, entre jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, beneficiarios de asignaciones familiares y AUH. El ajuste semestral, basado 50% en la evolución de los salarios y 50% en la recaudación, se reemplaza por otro formado 70% por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC y 30% por la variación del RIPTE que es un indicador del Ministerio de Trabajo que mide la evolución del salario de los estatales.

Luego, en lugar del aumento semestral, se actualizará cada trimestre lo que llevará a que, en marzo de 2018, en lugar del aumento semestral de julio-diciembre que llegaría al 12%, el incremento será de acuerdo a la nueva fórmula de julio a septiembre de 2016, y llegaría al 5,7%. Es decir, que al principio se producirá una caída en los haberes y un retraso de hasta 6 meses en el ajuste. Así, ya se están preparando acciones judiciales por “inconstitucionalidad” dada la “aplicación retroactiva”. Para compensar esto y el mal humor general, el Gobierno publicaría hoy [MIÉRCOLES 20] en el Boletín Oficial un decreto para otorgar el pago de un bono compensatorio para jubilados y beneficiarios de la AUH.

Así las cosas, para 2018 estiman que el Estado se ahorrará unos $ 100.000 millones. Y quizás esta sea la clave de todo: recortar el gasto estatal, lo que no está mal, pero ¿había que empezar perjudicando a los más débiles? ¿No se podía, por ejemplo, retrasar la obra pública que sí puede esperar?

En cuanto a la garantía del 82% móvil, esta se aplicará a quienes al momento de la jubilación tengan 30 años de aportes. Hoy esa relación en rigor es del 81,8%, desde que el haber mínimo es de $ 7.246 y el salario mínimo de $ 8.860. De modo que, toda vez que aumente el salario mínimo, si la jubilación mínima es inferior al 82%, Anses ajustará los haberes de los alcanzados por la garantía. Es decir, ya en enero tendrán un aumento que no tienen con la ley actual de $ 543.

Garantía de la que quedan ahora excluidos quienes se jubilaron por moratoria y a los que no les correspondió el beneficio de la Prestación Básica Universal. De aquí se deduce que quedan sin esta garantía las jubilaciones por invalidez de trabajadores activos y las pensiones por fallecimiento de trabajadores en actividad que no se calculan en base a la PBU.

Finalmente, los trabajadores en relación de dependencia del sector privado podrán optar por jubilarse a los 70 años, sin que hasta entonces los empleadores puedan intimarlos a iniciar el trámite jubilatorio, quedando excluidos los estatales. Mientras que las mujeres hoy tienen la opción de jubilarse a partir de los 60, con 30 años de aportes, y pasa a ser obligatorio a los 65. Con el nuevo proyecto podrán jubilarse entre los 60 y 70 y los varones entre los 65 y los 70 años.

Para terminar, como dice el politicólogo Rosendo Fraga, preocupan más los cacerolazos que se produjeron el lunes por la noche que las corridas frente al Congreso. Es que, dejando la violencia que es injustificable venga de donde venga, es obvio que existe un mar de fondo creado por el gobierno. Sucede que después de dos años de gobierno, con una presión fiscal en aumento y un Estado que no deja de asfixiar al sector privado, la pobreza, la desocupación y la miseria parecieran no ceder. De hecho, según una reciente encuesta de Poliarquía, el 41% de los argentinos cree que su situación económica personal empeoró, desde que asumió Macri, el 37% que se mantuvo igual y solo el 21% dice que mejoró.

 

 

*Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California

 

@alextagliavini