Por Alejandro A. Tagliavini*

 

Pareciera que el MSCI (Morgan Stanley Capital Int.) podría re categorizar a la Argentina el próximo 20 junio a “mercado emergente” aunque la entrada efectiva, de las acciones que clasifiquen como parte del índice, será en 2018. Si se da, será inmerecido y daría lugar a lo que ocurrió en Qatar y Emiratos Árabes, por casos, que ingresaron a este índice en 2014, y sus mercados bursátiles se elevaron casi 70% y 100%, respectivamente, pero luego la realidad se impuso y cayeron más de 35%.

Por otro lado, ¿vale la pena el ascenso? Según JP Morgan serían US$ 1.370 millones los que se volcarían a acciones argentinas. Muy poco comparado con la mayor moratoria de la historia mundial -U$S 100.000 millones- decretada por el gobierno argentino en 2001, mientras que, desde que gobierna Macri, el endeudamiento subió en U$S 77.000 millones y se espera que al fin del 2017 la suba supere a la deuda defaulteada, lo que se sumará a los U$S 101.870 millones heredados de los K.

Según Morgan Stanley, los requisitos básicos para ascender son el desarrollo económico, el tamaño del mercado y su liquidez, y el grado de accesibilidad. Así, en mi opinión, no se justifica el ascenso. S&P, por su lado, llevó la calificación de Argentina desde un “B-” a un “B” quedando todavía a cinco escalones del “Investment Grade”.

La economía no reacciona y a esta altura está muy claro que no ha venido cayendo por un “ajuste necesario” sino por la continuidad de malas políticas. Básicamente, por la excesiva regulación -el exceso de coacción sobre el mercado- y la presión fiscal que significa recursos del mercado eficiente coactivamente desviados por la burocracia estatal.

Según el gobierno, la presión tributaria sería del 32% del PIB. No me cierra que sea menor que el 34,4% de los países de la OCDE, pero supongamos que es cierto. El gobierno absorbe, además, recursos por vía inflacionaria y endeudamiento, lo que da una exacción al mercado muy superior.

El oficialismo pone de ejemplo el IVA que es del 21% y recauda el 7,2% del PIB cuando en Nueva Zelanda es del 15% y recauda 10% del PIB. Queriendo decir que es buena idea aumentar la base imponible -evitando la evasión- porque así puede bajarse la alícuota sin bajar la “presión fiscal total” (impuestos, inflación y endeudamiento) sobre el PIB que es lo que realmente destruye. O sea que no tiene intenciones de corregir el rumbo negativo.

La curva de Laffer introdujo una discusión importante: más baja es la presión fiscal, más crece el PIB y, así, más recauda el gobierno aun cuando las alícuotas sean más bajas lo que, en un círculo virtuoso, provoca que disminuya la evasión. Hay que desenmascarar, además, el supuesto “efecto redistributivo” de la “presión fiscal” porque toda esa carga termina siendo pagada por los más pobres ya que, desde arriba, necesariamente se traslada hacia abajo, por ejemplo, subiendo precios. Así, la carga fiscal es la principal causa de pobreza.

 

*Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California

 

@alextagliavini