Por Alejandro A. Tagliavini*

El Gobierno parece decidido a avanzar con su proyecto de bajar impuestos al trabajo, el regreso del sistema de pasantías, y “favorecer un blanqueo laboral aplicando esquemas muy serios de fiscalización”. Además, se habla de una “agencia de talento” para fomentar el primer empleo y una propuesta para alentar, a los que reciben un plan social, a sumarse al mercado laboral consistente en que el estado seguirá aportando el plan como parte del salario que reciba ese trabajador.

A más largo plazo el Ejecutivo intentaría sumar 300.000 trabajadores por año al sistema formal, haciéndose cargo de parte de los aportes patronales para primeros empleos dentro de sectores específicos y con salarios brutos de hasta $ 12.000 mensuales.

En cualquier caso, tiene razón Dujovne cuando dice que la carga laboral es muy alta y eso explica en buena medida que exista 35% de empleo en negro. El costo de la hora de trabajo en Argentina -en buena parte gracias al atraso cambiario- es 50% más alto que en Brasil, 120% superior a México y casi duplica al de Taiwán.

Por cierto, el costo laboral efectivo es relativo a la productividad, de hecho, en EE.UU. es relativamente más bajo que el argentino ya que, si bien en términos absolutos es superior, el trabajador -gracias al desarrollo tecnológico- produce mucho más y, por tanto, para el mercado su costo es inferior. De paso, remarquemos que la tecnología no crea desocupación sino todo lo contrario: hoy muy pocos labran la tierra comparado con el 33% en 1835 y la enorme mayoría trabaja en empresas “tecnológicas” como fábricas de autos, móviles, etc.

Según el World Economic Forum, con datos del 2015-2016, Argentina no es productiva para los inversores. En productividad en general está en el puesto 130, y en eficiencia del mercado laboral el país está entre los últimos, 139 sobre 140, a lo que hay que sumarle la inflación, el tipo de cambio, el acceso al financiamiento, los impuestos, la corrupción y la burocracia

Ahora, el asunto no puede ser más irritante ya que, según cálculos de Andrés Edelstein, de PwC, por cada $ 100 que recibe el empleado, el empleador desembolsa 150, es decir, que el trabajador ve como el Estado le quita un tercio de sus ingresos de entrada -luego tiene que pagar 21% de IVA cada vez que consume, y demás- que, supuestamente se los devuelve en asistencialismo y servicios, pero todos sabemos que buena parte termina desperdiciado en los pasillos estatales.

Para bajar el costo laboral bajando el peso relativo de cada aportante, el gobierno quiere regularizar al 35% de trabajadores “en negro”. Ahora, si se los presiona demasiado y desaparecen no solo aumentaría la desocupación real -y la marginalidad- sino que bajaría el PIB. Claramente la incorporación de esta gente es directamente proporcional a la baja en las regulaciones e impuestos laborales coaccionados por el Estado.

Jacques Rueff causó revuelo en 1933 cuando publicó un artículo, en ‘The Times’ de Londres, donde mostraba que los datos estadísticos, tomados entre 1919 y 1925, coincidían con su teoría de que existía una relación directa entre el número de desocupados de una parte y el coeficiente entre el nivel de salarios y el nivel general de precios, de la otra. Es decir, cuanto mayor era el coeficiente entre salarios y precios, menor era la demanda de mano de obra.

O sea, que la curva de oferta y demanda se cumplía rigurosamente en el mercado laboral: a un aumento de la oferta de mano de obra, el salario tiende a disminuir y viceversa. De donde la desocupación en un mercado natural es imposible e independiente del capital y la inversión. De otra forma: si la oferta de mano de obra aumenta más que la demanda, el mercado regula la plena ocupación disminuyendo el salario y viceversa. Por eso la ley de “salario mínimo” es contraproducente, porque frena la curva antes de bajar hasta el pleno empleo.

Lo que la inversión produce, al aumentar la demanda de mano de obra es, por un lado, un aumento en el salario nominal y, por el otro, un aumento en la productividad provocando una baja en los precios y, por tanto, una suba del salario real. Pero la plena ocupación está garantizada en el mercado en tanto éste no sea interferido por “leyes laborales” artificiales que la impidan.

Por caso, la fijación coercitiva de un salario mínimo, por parte del Estado, a lo único que obligará a los empresarios, para no quebrar debido a sobre costos, es a no tomar a quienes deberían pagarles un salario menor al mínimo impuesto, o pasarlos a integrar la fuerza laboral en “negro”.

*Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California

@alextagliavini

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