Por Alejandro A. Tagliavini*

Gracias a Donald Trump, cuando todos descontaban que la tasa no iba a moverse, el BCRA sorprendió hasta al mismísimo Prat Gay al anunciar una baja adicional de medio punto justo durante una semana que trajo “malas noticias” -para el oficialismo, porque el resto ya lo sabíamos- en el frente inflacionario.

Obviamente, se dejó de lado a la inflación como prioridad en función de empujar el dólar hacia arriba que, de $15,22 la noche del triunfo del republicano, llegó a $15,73. Parece que sobrevuela el temor al “efecto tequila” de 1995 cuando México provocó un efecto dominó de devaluaciones y Argentina, cuando regía la convertibilidad, fue el único país que no depreció su moneda lo que ahondó la recesión y el desempleo.

El peso mexicano -que ya estaba bastante depreciado- cotizaba a 18,30 por dólar antes de la victoria del republicano y ahora se devaluó hasta los $20,26, una caída del 10%. El real se devaluó 8% desde 3,16 a 3,41, mientras que el peso argentino apenas bajó 3,4% desde los 15,22 por dólar a 15,73. En tanto que el Palacio de Hacienda pretende una cotización algo superior a los $16.

Prat Gay está convencido de que debe bajarse más agresivamente la tasa de modo que se abarate el crédito y el tipo de cambio siga subiendo, porque sería la única manera de reactivar la economía. Si la inflación futura ya está en el 18% – ¿será tan poco? – la tasa de referencia no puede ubicarse ocho puntos arriba, dicen. Por cierto, del blanqueo ingresarían efectivamente US$ 8.000 millones, el resto se quedaría afuera, insuficientes para que el tipo de cambio se mantenga anestesiado.

La propaganda oficialista que tanto éxito tuvo en hacerle creer a los propios empresarios de que Argentina era un gran país para invertir, está empezando a chocarse con la realidad. Según la consultora BDO, la cantidad de ejecutivos que cree que el país es atractivo bajó de 88 a 67% entre enero y octubre.

Aun cuando en enero, como es lógico solo el 21,5% creía que era satisfactoria la variable de servicios y costos competitivos –“costo argentino”- como impulsora de inversiones, este índice bajó aún más al 10%. Lo peor del caso es que, para los directores financieros que reportan al exterior, el primer trimestre no fue tan malo, sino que se agravó en el segundo y el tercero, y aumenta la caída hacia el futuro.

Los empresarios, a la hora de la realidad, saben que el “costo argentino” -presión fiscal, costos laborales, y la falta de libertad, regulaciones y controles asfixiantes, etc.- hacen inviable las inversiones. Por cierto, el gran Buenos Aires continúa siendo la zona más conveniente, aumento de 20,4 a 23,4% mientras que la CABA cayó del 20 al 12,8% de las preferencias de los empresarios.

La Patagonia es la zona que se volvió más atractiva, con un alza en la intención de inversiones de 7,7% en enero a 17% en octubre, catapultada por el auge de energía y recursos renovables que pasó del segundo al primer lugar, al subir del 38,5 al 60,6%. Le sigue agro negocios, aunque tuvo una baja de 69,2 a 52,1%.

Increíblemente, el gobierno no solo no ve en la drástica reducción de la presión fiscal, y en una generalizada desregulación, la solución al problema, sino que por el contrario apuesta a “políticas industriales” que implican más organismos burocráticos y más prebendas para ciertos empresarios, es decir, más gasto y por tanto mayor carga impositiva.

De paso digamos que la mayor potencia global, EE.UU., no tiene una “política industrial” general. Y digamos también que no solo de industrias viven los países sino también de servicios, de hecho, el porcentaje del PIB que generaban las compañías fabricantes de objetos ha caído, desde 1970, del 26 al 16% en EE.UU., del 36 al 27% en Japón y en Gran Bretaña del 28 al 18%.

Así, en este frenesí estatista que cree que la economía se reactiva desde el gobierno y no desde el mercado, el Gobierno lanzó el Programa de Transformación Productiva para asistir a las empresas “que busquen mejorar sus procesos productivos y su competitividad”, ofreciendo financiamiento, asistencia técnica y capacitaciones, entre otros beneficios que, por cierto, pagarán los atribulados contribuyentes.

Se trata de “un instrumento que se suma a las políticas ya en ejecución impulsadas por el Gobierno” como la Ley Pymes o la Ley de Promoción del Autopartismo que, hasta ahora, han resultado negativas. El nuevo programa estará acompañado de financiamiento lo que permitirá otorgar fondos por hasta $ 140 millones por empresa, es decir, mayor gasto estatal, mayor presión fiscal.

 

 

*Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California

 

@alextagliavini

 

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